PILAR
ÁLVAREZ Madrid 9 NOV 2015
El filósofo y profesor José Antonio Marina ha
abierto la caja de los truenos en la última semana con declaraciones como esa.
Este catedrático de Bachillerato es además el hombre al que el Gobierno ha
encargado el Libro blanco de la función docente, una hoja de ruta que
incluye aspectos como la evaluación de los profesores y cuyas conclusiones
presentará a finales de noviembre.
España es uno de los países que menos
examina a sus docentes, según la OCDE, aunque no por falta de intentos.
Hace más de 30 años que el asunto está abierto, con propuestas políticas
seguidas de debates furibundos que las han dejado en un cajón. El tema
despierta recelos, principalmente por la posibilidad que ya aplican países como
Estados Unidos o Inglaterra de que el profesor cobre en función de
las notas de sus alumnos o hasta pueda ser despedido.
“La cuestión no es que se
les evalúe, sino cómo: qué se valora, para qué y, lo más importante, si lo que
se obtenga revertirá en la mejora de la calidad del sistema”, señala el decano
de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), Manuel Álvaro, que lamenta que el asunto vuelva a la
actualidad justo al borde de unas elecciones generales.
“La evaluación no es la única medida que va a garantizar una
docencia de calidad, pero es necesaria”, tercia Elena Martín, docente y
catedrática de Psicología de la UAM. Trabajó con cuatro ministros socialistas
de Educación de 1985 a 1996. En ese periodo, impulsaron un modelo de evaluación
dentro de un plan de formación docente que dividía la carrera del profesor en
distintos niveles de progresión, como ya hace Francia. “Si uno pasa 30 años
trabajando sin posibilidades de desarrollarse, el asunto está mal planteado”,
señala esta especialista.
La propuesta de hace casi 20 años incluía distintos indicadores.
El propio docente debía elaborar un informe de su labor, responsables
académicos formados expresamente para esto debían ver su trabajo y las familias
y los estudiantes eran también escuchados mediante encuestas de satisfacción.
“Es un proceso caro que requiere formar evaluadores durante muchos años,
incluir mejoras salariales y reducir las horas de trabajo en el aula de los que
tengan buenos proyectos para investigar”, considera Martín, que señala justo el
aspecto económico como uno de los grandes frenos para que España lo haya puesto
en marcha de forma generalizada.
La propuesta de los años 90 incluía también la evaluación de
los resultados de los alumnos en el aula, el aspecto que ha
incendiado las redes sociales aunque el propio Marina ha explicado que no
comparte que se pague a los profesores solo en función de las notas de sus
estudiantes.
A intento fallido por década
En
España ha habido varias propuestas para impulsar una carrera docente que
permitiera ascender a los mejores profesores, apoyadas más en incentivos que en
castigos y con carácter generalmente voluntario. Ninguna ha prosperado.
•
En los años 80 se intentó, pero la negativa de algunos
sindicatos acabó con la idea y dio paso a los sexenios, que suponen una mejora
laboral automática cada seis años de ejercicio.
•
Un nuevo intento del Gobierno socialista, en 1997,
centraba la evaluación en un informe elaborado por el profesor, la supervisión
de los inspectores o la valoración de familias y alumnos.
•
El estatuto docente, propuesto en 2007, incluía
una vía voluntaria de ascenso con evaluaciones cada tres años. Contaba
con un consenso generalizado. “Lo frenó Hacienda por cuestiones económicas”,
indica una fuente conocedora de la negociación.
Modelos en otros países
Distintos países aplican ya modelos de evaluación. En Francia,
por ejemplo, los inspectores revisan el trabajo de los profesores y obtienen
una nota que puede ir subiendo a lo largo de su carrera y les permite ascender
en los 11 niveles laborales existentes y mejorar su sueldo. Los inspectores
entran en clase para ver su funcionamiento y el director superviSa cuestiones
como la puntualidad o lo involucrado que está el maestro en el aprendizaje de
sus chicos.
En Estados Unidos, al menos 26 estados examinan a sus
profesores con las polémicas pruebas externas a sus alumnos y mediante
observaciones en el aula. En Washington, por ejemplo, los docentes que quedan
en el 20% de puestos en cabeza ganan hasta 20.000 dólares al año más (unos
18.500 euros); los que quedan en el 20% inferior más de dos años seguidos
pueden llegar a ser despedidos. “Hasta ahora hay unos 1.000 trabajadores que
han recibido el bonus y otros 500 que han sido despedidos”, explica Eric Hanushek, economista de la Educación
de la Universidad estadounidense de Stanford. Allí el debate sobre despidos y
sueldos está muy claro, como defiende Hanushek: “Si no pagas a la gente en
relación con sus resultados y los mantienes en clase hagan lo que hagan, ¿cómo
van a mejorar las escuelas?”.
Las notas de los alumnos
“Que miren solo las notas de mis alumnos me parece muy
peligroso”, señala María Tejeiro, profesora de Tecnología en el instituto
Gerardo Diego (en el próspero municipio de Pozuelo de Alarcón, Madrid), con más
de 15 años de experiencia. “Ante de venir a este centro, trabajaba en Alcorcón,
un entorno socioeconómico menos desarrollado. Daba las mismas clases y era la
misma profesora, pero mis alumnos allí sacaban peores notas”, relata.
“Querer llevar el debate a asuntos extremos como el despido no
es bueno. Centrarlo en eso lo va a volver a quemar antes de poder ponerlo por
fin en marcha”, añade la catedrática Elena Martín. Frente a eso, la experta
recomienda plantear la evaluación como un sistema "garantista y de calidad
en el que nadie vaya a ser avasallado". "Un alumno pasa por muchos
profesores y su éxito o fracaso no se puede atribuir a una sola persona”,
concluye.
"Electoralismo" con los profesores
Los sindicatos docentes siempre han rechazado que la evaluación
se relacione con los resultados de los alumnos en pruebas externas a y que
tenga repercusiones negativas. “Pedimos una evaluación del sistema educativo,
no solo de los profesores”, plantea Francisco García, responsable de educación
en Comisiones Obreras. García critica además que el debate se abra para “hacer
electoralismo con el profesorado tras cuatro años muy negros” cuando además ni
siquiera está claro que el gobierno elegido el 20 de diciembre vaya a asumir
las conclusiones del Libro blanco.
La educación pública ha perdido casi 30.000 docentes en esta
legislatura, se han aumentado las horas de clase y el número de alumnos por
aula mientras los sueldos han caído. “Al Gobierno le viene muy bien hablar de
si los profesores son buenos o malos en lugar de pararse en todo lo que se ha
recortado”, valora García.
José Antonio Marina propone también otras medidas de
mejora que han pasado más desapercibidas estos días: evaluar a los
directores, a los inspectores educativos y “a los responsables de la
Administración que deben comprometerse con objetivos educativos o dimitir”.
“Lo que plantea Marina es muy sensato, el problema es que lo
tiene que poner en marcha una Administración muy politizada. Necesitamos una
evaluación del profesorado transparente y objetiva y que tenga consecuencias”,
reclama José Antonio Martínez, con 38 años de experiencia y expresidente de
Fedadi, la federación que aglutina a los directores de institutos españoles.
Martínez fue testigo de otro intento fallido, el estatuTo docente casi cerrado
en 2007, que gozaba de amplio consenso y quedó en la cuneta por motivos
económicos.
“Queremos unas evaluaciones que propongan planes de mejora reales,
no sanciones”, reclama Eloy Garavís, profesor interino de Lengua y Literatura
en Madrid. Este docente, que lleva una década saltando de un centro a otro cada
curso, pone el dedo en la llaga. Los docentes quieren también cariño:
"Necesitamos un poquito de ilusión y que se frenen los ataques a esta
profesión”. El mismo informe
Talis de la OCDE
que revelaba en 2014 que los profesores españoles son los menos evaluados
después de los italianos, señalaba también que solo el 8% se siente valorado
por la sociedad (la media era del 31%).
Hasta 3.000
euros más al año en un instituto español
El instituto Atenea, en Mairena del Aljarafe (Sevilla)
se sometió durante 12 años un sistema vountiario de evaluación docente de la
Junta de Andalucía. Cada control duraba cuatro cursos.
El programa se eliminó el curso pasado “por la crisis y
la presión de los sindicatos”, explica el director del centro, Juan Francisco
Santín. Entre las cuestiones a evaluar estaban una medición de la progresión de
las notas de los estudiantes –se les hacía una evaluación inicial y otra
final-, registraba la asistencia de los alumnos y hacía también encuestas de
satisfacción a las familias. Los profesores que se apuntaban voluntariamente
podían ganar desde 600 euros anuales más el primer año hasta 3.000 más el
cuarto y último.
El director del centro sevillano asegura que volvería a repetir
el programa si se implantara de nuevo: “La evaluación es buena porque te
mantiene activo”. Su instituto ha mejorado sensiblemente, asegura: “Ahora somos
el centro bilingüe con más demanda de toda la zona”
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